A- de 2025

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y el Juzgado 1 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar.

Encontró la Corte que en el presente caso solo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que ninguna de las autoridades involucradas declaró su falta de competencia para instruir la acción de tutela, con fundamento en los factores subjetivo, territorial o funcional que definen la competencia, según el Decreto 2591 de 1991.

Por un lado, la primera autoridad se limitó a rechazar su competencia con fundamento en reglas de reparto y en la aplicación de un análisis a priori sobre la entidad que podría ser responsable de la vulneración alegada por la parte actora, mientras que la segunda, explicó los motivos por los cuales la referida Corporación debía continuar con el trámite de la solicitud de amparo.

Se dirimió el asunto con la remisión del expediente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar para que, de manera inmediata avoque conocimiento de la acción de tutela de la referencia y resuelva lo que corresponda dentro de esa controversia.

Se hizo una advertencia a la precitada Corporación para que, lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia en reglas de reparto y realizar un análisis a priori sobre las entidades que podrían ser responsables de la presunta vulneración con el fin de apartarse del conocimiento de acciones de tutela y, en tal sentido decidir conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Al otro despacho judicial involucrado se le advirtió que, en aquellos eventos que se configure un conflicto de competencia en materia de tutela y entre autoridades judiciales que, de conformidad con la Ley 270 de 1996, pertenezcan a su misma jurisdicción, deberá remitir el expediente a las otras autoridades que esa misma Ley señala, debiendo observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, compiladas en el Auto 550/18.